miércoles, 23 de marzo de 2005

Lanzan un grito de rebelión contra la exclusión
Sara M. Justicia Doll PRIMERA HORA

Comunidades se unen contra la marginación
Cansados de la marca del carimbo

Una lista larga de comunidades que enfrentan amenazas de expropiación y desahucio de parte de desarrolladores y del mismo Gobierno llevaron a cabo ayer una ceremonia en la que conmemoraron la Abolición de la Esclavitud. Al mismo tiempo advirtieron que todavía, al día de hoy, luego de 132 años de abolida la esclavitud, son víctimas de prejuicio racial, social, opresión y marginación.

Grupos como la Corporación Piñones Se Integra, la Junta de Acción Comunitaria de San Mateo de los Cangrejos, en Santurce; la Coalición de Piñones-Loíza, la Coalición de Comunidades Especiales, vecindarios como Marina, en Barrio Obrero; El Polvorín, Palmas, en Arroyo; Toro Negro, en Ciales; Las Gladiolas, Shangai y Los Filtros, en Guaynabo; se unieron para leer la Declaración por La Unidad Contra la Exclusión de las Comunidades, documento que le será enviado al gobernador Aníbal Acevedo Vilá.

En el manifiesto se expone cómo "los privilegiados suelos y recursos naturales, tanto del barrio, del campo o de la costa, son motivo de codicia para los inversionistas y especuladores inescrupulosos, que mediante la treta y el engaño intentan apropiarse de los mismos".

Incluyeron en ese esquema de exclusión a legisladores, jefes de agencias, funcionarios públicos y profesionales y rechazaron políticas como la "mano dura" y la "rehabilitación urbana", que dijeron no son otra cosa que intentos de criminalizar a las comunidades más pobres.

Instaron, además, a que se investigue y fiscalice el "atropello de parte de algunos sectores económicos como la industria de construcción, la banca hipotecaria y otros profesionales que diseñan y determinan por capricho dónde construir sin medir las consecuencias de sus acciones en el modo de vida y en nuestro medioambiente".

Milagros Quiñones, vecina del sector La Torre, en Loíza, comentó que la carencia de servicios esenciales de agua, médicos e infraestructura que sufren los vecinos de Loíza es muestra de la "injusticia social" en la que han vivido por años.

"Veo a diario el intento de expropiación y el atropellamiento emocional. Ya es tiempo de que aquí se sepa que la gente tiene una vida sana, que la gente esté tranquila. Los desarrolladores piensan que la comunidad no tiene el derecho porque siempre ha estado aislada y que por eso no se merecen nada tampoco", expresó. Mencionó que proyectos como Costa Serena, la ampliación de la carretera PR-187 y la presente lucha contra el hotel Marriott representan amenazas diarias al estado mental de los loiceños.

Pero, ayer la ceremonia no sólo se dirigió a levantar la voz por Loíza, sino también a aunar esfuerzos de las comunidades alrededor de la Isla en contra del sector privado.

"Éste es el principio de un esfuerzo de trabajo conjunto. Las comunidades llevamos mucho tiempo trabajando separadas en contra de los mismos enemigos, ellos son poquitos pero poderosos, nosotros somos muchos y también poderosos", expresó Maricruz Rivera Clemente, de la Corporación Piñones Se Integra.

La comunidad santurcina San Mateo de Cangrejos también dijo presente. En un plazo de dos años la gran mayoría de los 800 vecinos de Santurce han sido expropiados por el Gobierno y actualmente apenas quedan 18 de los propietarios originales que se niegan a sucumbir ante el interés privado.

"Quedamos 18 personas y más de la mitad tiene más de 80 años. Las expropiaciones han creado una crisis tan severa que a esa edad los lleva a estados depresivos. Estas personas no tienen a donde ir", expresó indignada Mary Ann Hopgood, portavoz de la Junta Comunitaria de San Mateo.

Ayer también trascendió que en las parcelas Hill Brothers, aledañas a la avenida 65 de Infantería, el Departamento de la Vivienda ha comenzado "solapadamente" a expropiar familias.

En San Mateo, Hill Brothers y en Las Gladiolas el patrón ha sido el mismo. El Gobierno expropia, entrega una cantidad menor al valor de la residencia de la persona y obliga a que ésta abandone su hogar para hacer una "limpieza" del área y construir un proyecto para una clase social más pudiente, según los afectados.

Inclusive, uno de los manifestantes expresó que aunque ya el esclavo no lleva la marca del carimbo en su piel, sí continúa señalado por letreros como los que hay a la entrada de las "comunidades especiales" que, a su entender, perpetúan las diferencias sociales y raciales.